En La Araucanía hay Terrorismo de Estado

Por Tito Tricot

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La violencia es un ojo de agua que relampaguea cuando uno menos lo espera.
Como las tormentas de altamar o los movimientos telúricos, aquellos que
serpentean bajo la tierra y uno sabe cuándo comienzan, pero jamás cuando
terminan. Como el conflicto chileno-mapuche que se inició con la ocupación
militar del territorio mapuche  por parte del Estado chileno a mediados del
siglo XIX, pero que no sabemos cuándo concluirá.

Incluso el presidente José Joaquín Prieto de manera implícita reconoce la
existencia de la nación mapuche como entidad autónoma. Prieto señaló en un
discurso en 1841 que la guerra contra la Confederación Perú-boliviana y con
“las tribus bárbaras del Sur” habían sido los únicos problemas de paz
exterior. Es decir, de relaciones con potencias extranjeras, como él las
llama. Por consiguiente, el país mapuche es un territorio ocupado
militarmente. Ese es el origen del conflicto. Este es un conflicto chileno
o, a lo sumo, un conflicto chileno-mapuche.

Claro porque la clase dominante no entiende que este es un conflicto
político y no delictual, criminalizándolo, recurriendo a la represión y
perpetuando la violencia del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI. Por una
parte, se unilateraliza el problema denominándolo conflicto mapuche, para
de este modo estigmatizar al pueblo mapuche y, por el otro, deslindar la
responsabilidad del Estado chileno. Asimismo, se despolitiza el tema, pues,
como ha señalado el Intendente Andrés Jouannet, todo se reduciría a un tipo
de delincuencia rural. Está meridianamente claro que no existe conflicto
mapuche, sino que aquí tenemos un conflicto chileno que se consolidó con la
ocupación definitiva en 1883 mediante la circunloquiamente  designada
“Pacificación” de La Araucanía que nada tuvo de pacífica. Si un Estado
llega por la fuerza a otro país soberano, como lo era el país mapuche, y
usurpa el 90% de su territorio ¿No tendrían los mapuche el derecho a
llamarle a eso delincuencia rural? ¿No es delincuencia rural el proceso de
contra-reforma agraria llevado a cabo por la dictadura que despojó a los
mapuche de 152 mil hectáreas que les habían sido restituidas por el
gobierno de la Unidad  Popular? Es terrorismo de Estado la represión
experimentada por el pueblo mapuche por militares y agricultores; y es
violencia estructural también la consolidación de la industria forestal en
su territorio; de las centrales hidroeléctricas, las carreteras, los
vertederos, las plantas de tratamiento de aguas servidas, la pesca
industrial y prospecciones mineras.

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Ante dicha violencia estructural, agenciada por el Estado y, en el caso de
las forestales, por empresas de seguridad con guardias que constantemente
amedrentaban a las comunidades,  confrontado con la posibilidad de
desintegración territorial, social y cultural, segmentos del pueblo mapuche
concluyen que deben confiar en su propia fuerza e inteligencia para luchar
por sus derechos colectivos. Surge así un movimiento de resistencia a la
violencia estatal y el Estado responde con el terror, militarizando el
territorio mapuche, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado y La
Ley anti-terrorista después. Hoy, 14 años después de haberse aplicado la
Ley anti-terrorista por el presidente Ricardo Lagos en 2002, el actual
ministro del Interior Jorge Burgos la invoca en el caso del matrimonio
Luchsinger-Mackay quienes murieron en el condenable ataque a su casa en
enero del 2013. Ello no obstante el hecho que Rodolfo Stavengahen y James
Anaya*,* relatores especiales de las Naciones Unidas para  los pueblos
indígenas han sido inequívocos en señalar que la legislación
anti-terrorista, implementada ante la supuesta existencia del terrorismo
mapuche, ha atentado contra cualquier tipo de juicio justo. Ben
Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo*, *fue
aún más allá al puntualizar que la Ley se ha convertido en parte del
problema y no de   la solución del conflicto. Por lo mismo, enfatizó: “todo
uso de la ley Antiterrorista debe cesar inmediatamente”.

En esta ocasión, con la detención de once comuneros del sector Padre Las
Casas, nuevamente se evidencia la histeria racista. Basados en el
testimonio de una persona quien, en el mismo tribunal públicamente se
retractó de su declaración explicitando que la policía lo había obligado a
confesar algo que no es verdad, tanto los medios de comunicación como la
fiscalía, ya dan por hecho que los detenidos –todos mapuche– son culpables
de un acto delictual.

Incluso los niños mapuche son tratados como criminales; es lo acaecido en
octubre de 2014 donde fueron detenidos 2 comuneros adultos y 3 niños  en la
comunidad Coñomil Epuleo. Los niños fueron golpeados y uno de ellos baleado
con perdigones. Estuvieron 4 días detenidos y fueron llevados esposados y
los mantuvieron en esa condición en el Tribunal de garantía de Collipulli.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo que no habría
sanciones o sumario alguno a los gendarmes, porque se habían cumplido todos
los protocolos. Además, uno de los niños mapuche relató que cuando lo
llevaron al hospital a constatar lesiones, el doctor le dijo: “ojalá todos
los de tu clase se murieran, ojala tú te hubieras muerto…”.

Es que para algunos los mapuche no existen, para otros son terroristas del
Estado Islámico –como lo dicen panfletos de un delirante autodenominado
grupo paramilitar Húsares de la Muerte. Para otros son simplemente chilenos
o, quizás, piezas de museo. A éstos últimos, al mapuche arqueológico, se le
acepta, porque está distante en el tiempo y en el espacio, no es peligroso.
Al de hoy, al de carne y hueso, se le discrimina, se le empobrece, se le
reduce, se le obliga a emigrar. Por eso se inventan vínculos con las FARC,
Al Qaeda, con la ETA, entre otros. Jamás se ha podido comprobar nexo
alguno, pues no existen. La rebelión mapuche, la insurrección mapuche, el
alzamiento mapuche, la zona roja mapuche, son inventos mediáticos y
estrategias de guerra psicológica para justificar la represión  y
reproducir el modelo neoliberal y el capitalismo en territorio mapuche.

A jóvenes mapuche, como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío,
se les asesina, pero  Juan de Dios Fuentes, agricultor y presidente de
“Paz  en La Araucanía” se pasea armado con una pistola al cinto en una
manifestación y nada le sucede. Aquí hay un trato discriminatorio ante la
Ley: al mapuche se le presupone culpable por el sólo hecho de ser mapuche.
Esto es racismo jurídico.

Además, valga recordar que grupos paramilitares han desempeñado un papel
infausto en lo concerniente a pueblos indígenas en países como Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Paraguay, entre otros. Esperemos que no sea lo
mismo en territorio mapuche, pero el gobierno o los políticos no hablan de
paramilitarismo, sino que sólo de terrorismo mapuche. Es más, el ex ministro
de agricultura, Luis Mayol, dijo entender que los agricultores se armaran
para defenderse de posibles atentados. Esto es sumamente peligroso,
especialmente
si los agricultores y los transportistas ya han demostrado su poder y
evidenciado, al mismo tiempo, la debilidad del gobierno. Es inaudito que un
grupo de camioneros paralice las carreteras, tenga al país en vilo y que,
además, sean recibidos en el palacio presidencial por el ministro del
Interior. ¿Qué pasaría si los mapuches hicieran lo mismo? ¿Los dejarían
siquiera salir de Temuco

Una pregunta que uno debiese hacerse es: ¿Si realmente existiere terrorismo
en territorio mapuche, cómo es posible que la industria forestal haya
crecido exponencialmente en las últimas décadas y haberse expandido sus
plantaciones de 300 mil hectáreas en 1970 a 2,5 millones de hectáreas en la
actualidad? ¿Cómo ha logrado transformarse en la tercera industria más
importante de Chile luego de haber sido un sector marginal en 1970? ¿Cómo
pueden haber sido el valor de sus exportaciones 1.829 millones de dólares
en 1997 –año de inicio del conflicto chileno-mapuche- y haber ascendido a 6
mil millones de dólares en 2015? Algo no calza. Si es que hubiese
terrorismo, como dicen que hay, si hubiera el clima de terror,
inestabilidad  e incertidumbre que afirman que existe, cómo siguen operando
y obteniendo tantas utilidades en territorio mapuche? Algo no calza

En el sur no existe terrorismo mapuche, sino que violencia política
ejercida por ciertos sectores minoritarios del movimiento mapuche que
consideran legítimo bregar no sólo por tierra, sino que también por
territorio. Luchan por la libre-determinación, derecho consagrado en el
artículo 3 de la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos
Indígenas –firmada también por Chile– en 2007. Si el Estado chileno lleva
más de siglo y medio utilizando la violencia contra ellos, sienten tener el
legítimo derecho a la autodefensa. El recurso a la violencia política es un
instrumento decolonizador ante la violencia histórica. La violencia
utilizada por algunas organizaciones mapuche es substancialmente contra la
propiedad privada, sea esta de empresas forestales o de agricultores
particulares.

Desconocer la existencia del fenómeno de la violencia política es tan
absurdo como sostener la existencia del terrorismo mapuche. También es
necesario puntualizar que no sólo las comunidades en resistencia postulan
la demanda autonómica sino que, de diversas maneras, otras organizaciones
–la mayoría– también lo hacen a través de cauces institucionales y ninguna
está planteando, como lo ha señalado Jorge Burgos: “un Estado dentro de
otro Estado”.

Lo que sí está claro es que el gobierno está profundamente errado si piensa
que recurriendo a la represión va a resolver un problema que el mismo
Estado originó. El conflicto no se detendrá con más violencia, por el
contrario, sólo generará mayor violencia. El problema no es policial, sino
que político, el conflicto chileno-mapuche no se resuelve con la
designación de un fiscal preferente o la detención de comuneros basado en
la prueba de una persona cuya confesión se obtuvo de manera dudosa y que
hace recordar otros montajes pasados.

Las políticas represivas de sucesivos gobiernos de la Concertación, de
Sebastián Piñera y de la Nueva Mayoría no han resuelto nada, por el
contrario, han agravado la situación, toda vez que existe una nueva
generación de mapuche que viven permanentemente bajo el asedio policial,
que conocen de allanamientos, helicópteros, tanquetas y fuerzas especiales.
La violencia acá es estructural, tiene un contenido histórico y un origen
chileno. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los
pueblos originarios. Aquí hay que decir las cosas por su nombre: el  país
mapuche es un país ocupado por un ejército extranjero por la fuerza. Así de
simple y así de terrible. Esto es terrorismo de Estado.

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