Ministerio Público… ¿sufres del síndrome de Guildford?

Por Esteban Vilchez Celis

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La facultad del Estado de monopolizar el castigo de quienes infrinjan las normas penales implica una enorme responsabilidad. Si alguien comete, por ejemplo, un homicidio, entendemos todos que vulnera una norma esencial para la convivencia social. Todos comprendemos que, al mismo tiempo, lo sensato es que haya un juicio imparcial y que el Estado, a través de sus órganos judiciales y asociados, investiguen y condenen al responsable. Pero eso, creo, supone cuando menos dos cosas: (i) Hacerse responsable de una conducta profundamente ética, que busque la verdad y no solo condenar; y, (ii) Hacerse responsable si se condena o castiga de cualquier modo a personas inocentes sin suficientes antecedentes.

Vamos por lo primero. El Ministerio Público chileno ha demostrado un desempeño lamentable en investigaciones especialmente mediáticas, cuyo factor común es que se han dirigido contra mapuches. La operación Huracán parece desmoronarse irremisiblemente, en tanto que hoy se ha dado a conocer la sentencia absolutoria de los acusados del caso Luchsinger Mackay. La pregunta obvia es si se trata de mera incompetencia profesional y cortedad intelectual o, si, en su reemplazo o en combinación con ellas, se trata de algo peor y asociado a la falta de ética, a la falta de amor por la verdad.

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Déjenme ilustrar esto con un recuerdo. Cuando en 1993 vi la película de Jim Sheridan, “En el nombre del padre”, basada en la novela homónima de Gerry Conlon, quedé devastado. Para los que no la han visto – algo más imperdonable si son abogados y terriblemente imperdonable si son fiscales -, el resumen de la historia es este: en la década del 60 se produjo un atentado en un bar de Londres, en un barrio denominado Guildf..ord, con 7 muertos y un centenar de heridos. La responsabilidad, todos lo entendieron así, era del IRA. Detuvieron a once integrantes de dos familias, Conlon y Maguire. Gerry Conlon, junto a su padre, pasaron 15 años en prisión, siendo absueltos de toda culpa en 1989. (Si no la ha visto y quiere evitar el spoiler, pase al párrafo siguiente directamente). En esta magnífica película, que cuenta entre otros con las actuaciones de Daniel Day-Lewis, el fallecido Pete Postlewhite y Emma Thompson – lo que se cuenta es terrible: una Fiscalía que esconde la evidencia decisivamente absolutoria y prefiere lograr las condenas de quienes sabe inocentes. ¿Por qué? Porque lograr condenas es lo único que importa. El éxito mediático era lo único buscado. No la verdad, no la justicia. Recién en 2005, Tony Blair les pidió perdón. Pero los 15 años de prisión jamás desaparecerán, como tampoco la muerte en ella de Giusseppe Conlon, el padre de Gerry.

Traigamos esto a Chile. La horrenda muerte de la pareja Luchsinger Mackay generó una presión pública enorme. ¿Cede fácilmente a ella nuestro Ministerio Público? ¿Le interesan más las condenas, de quienes sean, que el establecimiento de la verdad y la condena solo de los responsables? Pueden ser preguntas molestas, pero al leer la sentencia absolutoria, da la impresión de que hubo una obsesión absurda, transida incluso de declaraciones presionadas y evidencias febles, por condenar a estas personas, aunque no fueran realmente los responsables. Por decirlo de algún modo, creo que el Ministerio Público, en especial con los mapuches, sufre un serio “síndrome de Guildford”. Si a este caso se suma lo ocurrido con la pomposa – y luego patéticamente – llamada “Operación Huracán” y se tienen presentes recientes cifras de mapuches encarcelados y finalmente absueltos, nos encontramos con un patrón de conducta y no solo casos puntuales. No digo que se haya llegado al extremo del caso relatado en la película, pues supongo y quiero creer que no habrá evidencia ocultada, tergiversada o “colocada”. Hablo simplemente de la obsesión desordenada, compulsiva y éticamente reprobable de condenar a toda costa, incluso sabiendo que la evidencia es mediocre e insuficiente.

El Ministerio Público no funciona con premios asociados al establecimiento de la verdad. Por ejemplo, no hay incentivos si una investigación objetiva y acuciosa reúne irrefutable evidencia absolutoria. Los premios son por condenas obtenidas, no por verdades descubiertas. Yo creo que eso es perverso. Es renunciar a la verdad como motivación exclusiva y excluyente.

Y termino con lo segundo. El perdón de Blair es un lindo gesto. Pero el deber de un Estado que toma sobre sí, con la arrogancia propia de todo Estado, de juzgar a sus miembros, debe tomar también sobre sí el riesgo de los daños que les cause cuando se equivoque. En el caso de La Calchona en nuestro país, en el que jóvenes estuvieron 5 años encarcelados por la violación y asesinato de una mujer que no cometieron, el abogado Roberto Celedón reclamo tan justa como infructuosamente una indemnización por error judicial.

Si juzgas como Estado, tienes dos responsabilidades: tratar genuinamente de hacerlo bien y pagar cuando lo hagas simplemente mal.

¿Alguien le pedirá perdón a los comuneros mapuches? ¿A Francisca Linconao? Lo dudo. ¿Alguien piensa en el Estado chileno indemnizarlos? Estoy seguro de que no.

Y corolario: quienes cometieron un crimen terrible, están libres, porque los persecutores se preocupan más de insistir con la tesis inicialmente idolatrada que de buscar a los responsables reales. Por lo demás, si encontrar a estos últimos se torna complejo o casi imposible, la tentación de dirigirse contra personas habidas, aunque sean inocentes, se hace muy fuerte.

Es hora de repensar nuestro sistema judicial, ¿no creen?

*Esteban es abogado de la Universidad de Chile.

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